Prácticas escolares que crean riesgo para las familias inmigrantes y de estatus mixto

Los alumnos pueden matricularse legalmente en la escuela pública entre los 5 y los 21 años. Sin embargo, ha aumentado el número de distritos escolares que deniegan la matrícula a jóvenes a partir de 16 años por temor a que «abandonen» antes de graduarse.

Además, he aquí una lista de prácticas escolares cotidianas que pueden perjudicar involuntariamente a los alumnos indocumentados y a sus familias:

PRÁCTICAS DE INSCRIPCIÓN
  • Los centros escolares pueden pedir el número de la Seguridad Social, pero las familias no están obligadas a facilitarlo

  • Las escuelas no pueden exigir pruebas de ciudadanía o estatus de inmigrante para matricularse

  • No se puede denegar a un estudiante la inscripción inicial basándose únicamente en la falta de documentos sanitarios o de vacunación, y se le debe notificar, así como concederle 30 días para que reúna los elementos que le faltan.

Más información sobre tus derechos y responsabilidades de inscripción

Los Agentes de Recursos Escolares (SRO, por sus siglas en inglés) son agentes jurados de las fuerzas del orden asignados a las escuelas. Existe un largo historial de SRO que aplican prácticas disciplinarias muy punitivas en escuelas que discriminan a los alumnos negros y marrones.

Debes saber que…

  • Las escuelas con SRO tienen más probabilidades de implicar a las fuerzas del orden en asuntos menores

  • Los estudiantes negros, marrones e inmigrantes tienen más probabilidades de ser suspendidos, expulsados o remitidos a la policía, todo lo cual aumenta su exposición al ICE.

  • Algunos departamentos de policía comparten información sobre los estudiantes con las fuerzas del orden y las agencias de inmigración (como el ICE) a través de «bases de datos de bandas que recogen información sobre individuos de los que la policía sospecha que están implicados en bandas».

  • El comportamiento de los alumnos puede malinterpretarse debido a la falta de conciencia cultural y de formación del personal escolar

  • EJA cree que las escuelas deben aplicar prácticas informadas sobre el trauma para apoyar a los estudiantes y dar prioridad a la curación y el crecimiento como forma de ayudar a los estudiantes a superar los retos

Presenta una denuncia si la policía escolar o los guardias de seguridad te han hecho daño o te han maltratado

Las escuelas están obligadas a notificarlo al alumno o a sus padres antes de divulgar los expedientes, a menos que un tribunal haya dictaminado lo contrario.

Debes saber que…

  • Una ley federal (FERPA) protege la privacidad de los expedientes académicos de los alumnos y, en general, prohíbe a los centros escolares compartir la información de los alumnos sin el consentimiento de los padres, con una excepción para los contratistas externos, como las empresas que proporcionan tecnologías de vigilancia.

  • Las escuelas recogen datos sensibles como direcciones e información de contacto. Esta información puede llegar al ICE a través de la policía y los registros públicos si la información no está bien protegida

  • Las escuelas también pueden incorporar evaluaciones de amenazas, tecnología de reconocimiento facial y vigilancia de las redes sociales

Más información sobre tus derechos y responsabilidades en materia de recopilación e intercambio de datos

Si las escuelas no se comunican en la lengua materna de la familia, puede perderse información crítica, lo que puede dar lugar a malentendidos o a que no se respeten los plazos. Esto dificulta que las familias aboguen por sí mismas.

Esto es lo que tienes que saber…

  • Las escuelas deben facilitar información en una lengua que puedas entender

  • Las escuelas deben proporcionar asistencia lingüística si la solicitas, aunque tu hijo domine el inglés

  • Las escuelas no pueden pedir a los alumnos o al personal escolar sin formación que traduzcan o interpreten

Aquí tienes más información sobre los servicios lingüísticos para las familias

Utiliza esta plantilla para preguntar al consejo escolar local o al director sobre las políticas de acceso lingüístico