La administración Trump ha tomado la decisión indefendible de retener casi 170 millones de dólares del sistema de educación pública de Carolina del Norte. Se trata de un golpe directo a los estudiantes, profesores, administradores y personal de nuestro estado. Se calcula que esto provocará que aproximadamente 1.000 educadores pierdan su empleo. Es un ataque cruel y deliberado a nuestras escuelas públicas y a quienes más dependen de ellas. Las codirectoras ejecutivas de la Alianza por la Justicia en la Educación, Jenice Ramírez-Garvin y Letha Muhammad, emiten la siguiente declaración:
La calculada decisión de la administración Trump de retirar fondos a la educación pública es un ataque selectivo contra los niños de Carolina del Norte, especialmente los de las comunidades con menos recursos. Contradice todas las afirmaciones que ha hecho esta administración sobre la ampliación del acceso y las oportunidades educativas.
Estos fondos habrían apoyado a todas las escuelas públicas y concertadas del estado, proporcionando financiación para la formación del profesorado, la programación antes y después de la escuela y el enriquecimiento para los alumnos de las escuelas con dificultades. El presidente Trump dice que está en contra de la discriminación, pero esta decisión perjudica desproporcionadamente a los alumnos de las escuelas de bajo rendimiento, a menudo en comunidades rurales y de bajos ingresos. Puede que la intención que subyace tras la decisión de la administración esté oculta, pero el impacto es inequívoco: los estudiantes y educadores de Carolina del Norte están siendo sacrificados en aras del beneficio político.
Hoy, el Superintendente Maurice «Mo» Green y el Fiscal General Jeff Jackson han hecho lo que hacen los verdaderos líderes: plantar cara. Al presentar una demanda contra el gobierno de Trump, están luchando por devolver recursos vitales a nuestras escuelas. Su acción no sólo es encomiable, sino necesaria.
Ahora, nos dirigimos a los legisladores de Carolina del Norte. Hay una serie de legisladores que han defendido que los estados son capaces de gestionar su propio sistema de educación pública. Esta es la oportunidad de que demuestren su fe en esa creencia. Con el presupuesto estatal aún en debate, hay espacio y oportunidad para que los legisladores no sólo aprueben la financiación de nuestras escuelas públicas, sino que también financien totalmente a Leandro. Tienen que extender el cheque para la educación pública y demostrar a los padres que van en serio cuando dicen que se comprometen a que todas las familias tengan acceso a la mejor educación posible.
Hacemos un llamamiento a todos los ciudadanos de Carolina del Norte para que exijan respuestas y acción a sus cargos electos. El silencio es complicidad.
A nuestros profesores, alumnos y familias: no estáis solos.
La Alianza por la Justicia en la Educación no dará marcha atrás. No permitiremos que este asalto a la educación pública quede sin respuesta. Todos los niños de nuestro estado merecen una educación sólida y básica, y lucharemos hasta que se cumpla esa promesa.
